La Renta Valenciana de Inclusión – ¿Social o electoral?

Muchas familias son excluidas por no poder adaptarse; por ser víctimas de situaciones de las que no son responsables o son incapaces de gestionar. Es nuestra obligación exigir a nuestros dirigentes que ofrezcan los mecanismos necesarios para que puedan volverse a integrar. Ciertamente. Así lo dice además el artículo 34 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Por esto, cualquier política de ayudas sociales que desde la administración se ofrezca y que facilite a aquellos colectivos más necesitados el que puedan llegar a desarrollarse como ciudadanos plenos, a priori, debe ser bien aceptada. Es el caso de la Renta Valenciana de Inclusión, aunque no estoy tan seguro que las cosas sean así de filantrópicas o de que el objetivo sea “rescatar a las personas”, como tanto han propagado.

Desde la oposición acusan a la Sra Mónica Oltra de utilizar la renta de inclusión como arma electoral. Fuentes del PP destacan que “es un profundo error del Consell eliminar las líneas nominativas a entidades de carácter social”. En concreto, los populares reclaman la recuperación inmediata de una línea nominativa directa para Cermi (de 90.000 euros), otra para Casa Caridad (de 500.000 euros), para Cruz Roja (150.000 euros), para Cáritas Diocesana (270.000 euros), para Pacis-Casal de Pau (150.000 euros), para las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (500.000 euros), para la Federación de Enfermos de Alzheimer (300.000 euros) y para el Banco de Alimentos (45.000 euros). Desde el PP señalan que resulta ridículo que estas líneas no existan y que, mientras tanto, “se mantengan líneas nominativas para algunas fundaciones como la del señor Garzón o para otras entidades que evidentemente no son de vertiente social”.

¿Por que han dejado de ofrecer las ayudas anuales a dichas organizaciones y en su lugar han creado una nueva estructura dependiente directamente del gobierno de turno?

Hay que tener en cuenta que aprovechándose de la necesidad de la gente, un sistema de pagos puede generar pleitesías, como de manera curiosa declaró la Vicepresidenta. Sobre todo si no se exige el cumplimiento de ciertos objetivos. Entre éstos podríamos citar la participación en programas formativos o la participación activa en diferentes programas sociales…, Teniendo siempre como objetivo final involucrarse en actividades que dignifiquen a los beneficiarios de dichas ayudas a través de su trabajo y que los integren nuevamente en la sociedad a través de tareas inclusivas.

En mi opinión, habiendo ya una estructura establecida de Organismos No Gubernamentales, lo normal hubiera sido dejar actuar a éstos. Nunca llegué a pensar que la Cruz Roja (de la cual soy socio) quedaría relegada a organización de segunda…

Por otra parte, ¿es casual o estudiado el momento de presentación de la ley?

¿Casual ofrecerla antes y durante el período electoral?

¿Casual ofrecerla para entrar progresivamente en vigor durante los próximos años?

Supongo que esta apertura escalonada no será por falta de fondos si los ingresos no financieros de los últimos años han sido cada año mayores que el anterior. En comparación con el 2.015, este año tenemos un incremento de más de 2.000 millones en el presupuesto. A lo que hay que sumar el aumento de la deuda, a un ritmo similar al de la crisis (unos 3.000 millones al año)

Si realmente hubieran tenido un interés real de rescatar personas, este mismo año la Ley podría estar activa al 100% con los 260 millones que se requieren. Pero claro, eso “rescataría personas”, no solo lo parecería.

Artículo de Opinión de Antonio D. – Ingeniero – Valenciano – Español.

One thought on “La Renta Valenciana de Inclusión – ¿Social o electoral?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *