El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. EFE/Archivo

La Generalitat pide 7 años y 9 meses de prisión para Camps por la F1

La Abogacía de la Generalitat ha remitido un escrito de acusación al juzgado de València que investiga posibles irregularidades al construirse el circuito urbano de Fórmula 1 donde pide una condena de 7 años y 9 meses para Francisco Camps por malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Según consta en el citado escrito, a cuyo extracto ha tenido acceso EFE, la Abogacía presenta acusación contra catorce personas, entre ellas el expresident de la Generalitat; el exconseller de Infraestructuras Mario Flores y el ex secretario autonómico de Infraestructuras Victoriano Sánchez-Barcaiztegui.

Esta acusación contrasta con la posición de la Fiscalía Anticorrupción en esta causa, que recientemente ha reclamado el sobreseimiento al no observar evidencias de delito y al apuntar que, en el caso de existir, estarían prescritos.

En el auto de incoación de procedimiento abreviado, la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de València consideró que se había producido una actuación reprochable penalmente de cuantos, «capitaneados» por Camps, participaron en el proceso «precipitado» y «al margen de la legalidad» para que València acogiera en el verano de 2008 su Primer Gran Premio de Fórmula 1.

Ello llevó al «dispendio de fondos públicos y al gasto de más erario público» al no haberse hecho un detallado planeamiento, según ese auto.

Además, atribuye al expresident un plan en el que implicó a funcionarios, autoridades, personal del Ayuntamiento y de la Conselleria de Infraestructuras y empresas para contar con un circuito de Fórmula 1 para su «rédito personal» que anunció que tendría «coste cero», cuando supuso 88’8 millones de euros entre 2007 y 2017.

La petición concreta de prisión para Camps es de 7 años y un día de prisión y 17 años y 6 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por malversación y prevaricación, además de 9 meses y un día de prisión por tráfico de influencias.

Para Sánchez-Barcaiztegui y Flores se piden 7 años y un día de prisión y 17 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación.

La acusación se dirige contra otras once personas, entre ellas funcionarios de la Administración autonómica y directivos de empresas de la construcción.

Entre ellos figuran Rafael y Tomás Martínez Berna (condenados por haber financiado de forma irregular las campañas electorales del PP valenciano de los años 2007 y 2008), y José Mayor Oreja, para quienes pide una condena de 3 años y 6 meses. EFE

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