Acto de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval). EFE/Archivo

La Generalitat reclama penas de prisión para los responsables de Feceval

La Abogacía de la Generalitat reclama penas de prisión para el presidente y el gerente de la Federación de Centros de Enseñanza de la Comunitat Valenciana (Feceval) por pagar el salario de cinco trabajadores de esta patronal con cargo a los fondos públicos como si fuesen profesores de centros concertados.

«Las labores de patronal empresarial que realice Feceval no pueden imputarse, en ningún caso, a partidas presupuestarias cuya finalidad sea la labor docente ya que ello implicaría un desvío claro de los fondos públicos», expone la Abogacía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE.

«Determinados colegios suscribieron contratos simulando que los trabajadores prestaban servicios en dichos centros como profesores. Incluso se les llegaron a elaborar horarios ficticios con la finalidad de acreditar falsamente que eran profesores que venían dando clase en centros docentes privados asociados a Feceval», añade la Abogacía.

Los hechos descritos por la Abogacía de la Generalitat son supuestamente constitutivos de un delito de fraude de subvenciones en concurso con un delito de falsedad en documento privado; y, subsidiariamente, de un delito de estafa, en concurso con el mismo delito de falsedad.

En caso de que se aprecie la primera de las calificaciones, se pide para José Manuel Boquet (presidente) y Víctor Villagrasa (gerente) la pena de 3 años de prisión y una multa del triple de la cantidad defraudada, y para Feceval una multa del duplo de la cantidad defraudada y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas.

En el caso de la calificación subsidiaria, se reclama para ambos procesados la pena de 6 años de prisión y multa de 19 meses, y para Feceval una multa del quíntuplo de la cantidad defraudada y la pérdida, igualmente, de la posibilidad de obtener subvenciones o contratar con la Administración por 3 años.

En concepto de responsabilidad civil, se reclama a los acusados una indemnización para la Generalitat de 758.309,08 euros, más los intereses legales y el pago de las costas procesales.

Esta causa, que tiene su origen en una denuncia de Compromís ante la Fiscalía, fue archivada a mediados de 2017 pero la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ordenó su reapertura tras estimar un recurso de la Abogacía de la Generalitat. EFE

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