Imagen del suelo dotacional. Foto: PP Oliva.

Casi 200.000 euros en malezas y piedras

El Grupo Municipal del PP de Oliva ha denunciado en una nota de prensa a este periódico que “El Alcalde de Oliva, el nacionalista David González no ha actuado arreglo ley beneficiando con su irregular e irresponsable proceder a un particular, circunstancia agravada por el hecho de que dicho particular formaba parte de las últimas listas electorales del edil y portavoz Pepe Salazar socio de gobierno del Alcalde, cabe recordar que le ayudó con la moción de censura para investirle como Alcalde, y pudiendo entenderse como un presunto trato de favor hacia su socio de gobierno durante dos legislaturas, ¿y quizás futuro…?”

El Portavoz del PP ha recordado que “Por Ley el Alcalde es el responsable de la defensa de los intereses y patrimonio municipal en los tribunales” y por lo tanto “el Ayuntamiento no puede dejar de defenderse, no puede allanarse, tiene que defenderse frente a los posibles pleitos, no ha ocurrido en el Recurso Contencioso Administrativo del particular contra un decreto de Alcaldía, donde el Ayuntamiento no ha contestado, lo cual supone dejadez de funciones y por ello el grupo municipal popular le exige la dimisión de su cargo por administración desleal con el presupuesto del erario público”.

Según el Grupo Municipal del PP, “Las pretensiones del particular eran que según la normativa aplicable en materia urbanística se iniciara la expropiación de unos terrenos de su propiedad al ser su naturaleza de suelo dotacional, valorados en casi 200.000 euros.”

Según nos informan, en base a los informes técnicos, jurídicos y de la secretaria general del Ayuntamiento el Alcalde de Oliva mediante decreto número 1457/2017 de mayo, resuelve desestimar la petición del particular contundentemente.

Ejerciendo sus legítimos derechos, el particular interpone Recurso Contencioso Administrativo contra dicho decreto, quedando el Ayuntamiento demandado y citado a declarar, según decreto 2455/2017 de noviembre.

La sorpresa, según denuncia aportando la sentencia el Grupo Municipal del PP de Oliva, la encontramos en la sentencia, número 35/2019 de febrero, donde se lee en el punto segundo de los antecedentes de hecho: «Posición de la demandada: “La demandada no ha contestado a la demanda”.

El Portavoz Popular indica que: “Con ello queda claro que desde la Alcaldía no se ha defendido los intereses de la ciudad como es su obligación por Ley, obligando a pagar a nuestro Ayuntamiento las costas del juicio y beneficiando a un significado particular con casi 200.000 euros.”

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