La vicepresidenta y Portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra. EFE/Archivo

Oltra: Los derechos sociales dejan de ser «la hermana pobre» con la nueva ley

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado este miércoles que la nueva ley de Servicios Sociales Inclusivos implica «blindar los derechos sociales» y que estos dejen de ser «la hermana pobre de los poderes públicos».

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha resaltado en los pasillos de Les Corts Valencianes que, con esta norma, los servicios sociales pasan a situarse «al mismo nivel que Sanidad y Educación en las competencias autonómicas».

Oltra ha resaltado que es «un gran día» para los valencianos y para las políticas sociales, porque la aprobación de esta ley de Servicios Sociales Inclusivos implica ser «la primera ley en España de cuarta generación, tal y como han reconocido muchos profesionales» de este ámbito.

Ha destacado que esta norma pone «la arquitectura legal» que recoge todas las políticas efectuadas durante esta legislatura en cuanto al «blindaje de los derechos sociales», y además «ordena» el sistema, lo «desmercantiliza» y crea el «auténtico sistema valenciano de servicios sociales».

Así, ha indicado que la norma «deja claro» quién tiene las competencias de organización y de financiación, además de estructurar los servicios sociales en atención primaria y en atención secundaria, igual que se hace en ámbitos como la sanidad.

Ha señalado que esta ley supone pasar de un sistema «asistencialista, que simplemente hacía una especie de caridad a las personas que tienen algún tipo de dificultad a un sistema de derechos subjetivos, de carácter universal», que convierte los servicios sociales en la «cuarta pata» del Estado de bienestar.

Una ley que se configura entre las leyes «más avanzadas no solo de España, sino también de nuestro entorno político europeo», ha destacado la vicepresidenta.

Respecto a las críticas del PP al sistema de financiación de esta ley, Oltra ha contestado que es un sistema compartido entre Ayuntamientos, Generalitat y Diputaciones, «nada que no dijera la ley que hizo el PP en 1997», donde se fijaba que las Diputaciones tenían que financiar a los municipios de menos de 10.000 habitantes.

«Se mantiene esa cofinanciación, lo que se llama el plan concertado, que también existe en la Administración española, y es una manera racional de que los municipios más pequeños» tengan el apoyo de la Diputación y los más grandes aporten más, porque todas las Administraciones deben contribuir al sistema social, ha indicado.

Ha rechazado que se cargue en los Ayuntamientos la financiación de estos servicios, pues en 2015, con el presupuesto del PP, los Ayuntamientos recibían para personal de los servicios sociales 9 millones de euros en toda la Comunitat, y para 2019 recibirán casi 49 millones, lo que supone multiplicar estas transferencias de la Generalitat.

Oltra ha asegurado además que cuando llegaron al Consell cada profesional de estos servicios tenía que atender a una media de 13.000 personas, y ahora cada uno atiende entre 2.900 y 3.000 personas de media, con lo que el servicio a la ciudadanía «es mucho mejor».

Sobre el anuncio del PP de que presentará un recurso por no haber tenido tiempo suficiente para estudiar las enmiendas, ha precisado que han tenido catorce días para estudiar 140 enmiendas, lo que supone diez enmiendas por día, y ha opinado que «nadie se hernia» por leer ese número de enmiendas en un día y que lo importante es el contenido de la ley. EFE

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