Policía Nacional personada en el Palau de les Arts. EFE/Archivo

El juicio del caso Palau se inicia con la amenaza de un aplazamiento

El juicio por la supuesta malversación de fondos públicos en el Palau de les Arts de València empieza mañana en la sección segunda de la Audiencia de Valencia con la amenaza de un aplazamiento que previsiblemente solicitará Carlos Sáiz, letrado de la exintendente del coliseo, Helga Schmidt.

El exfiscal anticorrupción Sáiz se ha hecho cargo de la defensa de Schmidt tras solicitar la renuncia el anterior abogado, Miguel Bajo, por motivos de salud.

Según informó recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el tribunal recibió dicha renuncia y emplazó a Schmidt a que designase un nuevo letrado para su defensa, que probablemente solicitará un aplazamiento de la vista oral para poder estudiar la documentación.

Además de la que fuese máxima responsable de la gestión del Palau, en esta causa están procesados, también por los delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad documental, el exdirector financiero Ernesto Moreno, el empresario Joaquín Maldonado, el abogado José Antonio Noguera, y el excónsul de Francia en València y administrador de una sociedad que supuestamente intermediaba en las contrataciones Pablo Broseta.

La investigación se inició tras un informe de la Intervención de la Generalitat de 2013 que concluyó que la intendente formalizó contratos que incumplían la ley, al adjudicar sin publicidad ni concurrencia contrataciones a una empresa de la que era consejera, Patrocini de Les Arts.

Este informe se basó a su vez en otro anterior elaborado por un empleado del coliseo operístico, en el que se aludía al posible cobro de comisiones de los patrocinios por parte de la intendente a través de la citada mercantil, por lo que se abrió una causa para investigar si Patrocini de Les Arts percibió comisiones por contratos con patrocinadores.

Además, también se investigará la contratación del Palau con la mercantil Radcliffe & Asociados, una firma administrada por el exconsul de Francia en España Pablo Broseta (uno de los investigados en la causa), de la que se sospecha que, en su papel de intermediaria, pudo generar un aumento desproporcionado del coste de impresión de folletos.

La Abogacía de la Generalitat reclama siete años y un día de prisión, y una multa de 6.000 euros, para la exintendente del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, como supuesta autora de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

Reclama idéntica condena para el exdirector financiero del coliseo valenciano Ernesto Moreno, por considerarlo autor de los mismos delitos, y pide dos años, ocho meses y 15 días de prisión para los empresarios Joaquín Maldonado Rubio, José Antonio Noguera Puchol y Pablo Broseta Dupré por considerarlos cooperadores necesarios. EFE

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