Gobierno, Generalitat y València empiezan a resolver la deuda del Consorcio


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El alcalde de València, Joan Ribó (d), junto al conseller de Hacienda, Vicent Soler (i), y la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del ministerio de Hacienda, Belén Navarro, al inicio de una reunión del consejo rector del Consorcio València 2007, a la que asisten representantes de las tres Administraciones que lo integran, Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento. EFE/Archivo

El Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de València empezarán a estudiar este miércoles una posible solución a la deuda de más de 465 millones que tiene el Consorcio Valencia 2007 y a definir las posibilidades financieras de la entidad a largo plazo.

Técnicos de las tres Administraciones que integran el Consorcio celebran mañana su tercera comisión técnica, en la que la dirección de la entidad que gestiona La Marina tiene previsto presentar su planteamiento financiero para los futuros 30 años, que es lo que se contempla que tenga de vida útil la entidad, y con ello “empezar a definir el horizonte de deuda asumible”.

Así lo ha indicado a EFE el director estratégico del Consorcio Valencia 2007, Ramón Marrades, quien ha admitido que el Consorcio no tiene capacidad para devolver la deuda pero que ellos no tienen que decir si tiene que ser “el Ayuntamiento, la Generalitat o la Administración General del Estado quien la asuma, los tres a repartir, una refinanciación o con un préstamo participativo”.

“Nuestra obligación como gestores del Consorcio es que operativamente funcione bien, que cada vez haya más ingresos, que sea un espacio querido por los valencianos y que pasen cosas aquí, pero tenemos que enseñar el camino a las instituciones que forman parte del Consorcio para que lo negocien -la deuda”, ha explicado.

Ha hecho hincapié en que el objetivo de la reunión de mañana, inicialmente prevista para el 11 de abril pero que retrasaron para poder actualizar el plan de negocios ante los resultados operativos “mejores de lo esperado”, es que los técnicos “definan cuál es el horizonte de deuda asumible”, es decir, cuánto dinero puede devolver el Consorcio en los 30 años de vida útil que le quedan con su gestión operativa.

“Una vez definido eso, que hasta ahora no se había hecho y que supone de alguna manera quitarse la venda de los ojos, ya se explorarán las posibilidades financieras, es decir, si todos estamos de acuerdo en que esa deuda la puede devolver el Consorcio, ver qué hacemos, o ampliamos el plazo o cambiamos las condiciones administrativa, o parte de esa deuda se refinancia o se la reparten las Administraciones o la asume alguna de ellas. Ese sería el siguiente paso”, ha añadido.

Marrades ha explicado que en la comisión técnica hay representantes de Puertos del Estado, Ministerio de Hacienda y Tesoro (Gobierno); del Instituto Valenciano de Finanzas y la Conselleria de Hacienda (Generalitat), y de Alcaldía y la Secretaría municipal (Ayuntamiento), mientras que la dirección de Consorcio actúa como secretaria.

El director estratégico del Consorcio ha señalado que desde que asumieron la dirección su objetivo era que la entidad fuera “operativamente sostenible, que se pudiera mantener con sus ingresos y lo hemos conseguido en dos años, pero a la vez, tenemos que plantear los horizontes futuros para solucionar el tema de la deuda y mejorar la gestión de este espacio”.

“Las dos primeras sesiones de la comisión técnica se han dedicado a validar la estrategia del Consorcio, ver que fuera lógico, interesante y con sentido financiero y económico, y a resolver cuestiones operativas importantes para la gestión ordinaria del consorcio, es decir, que la entidad fuera más ágil para ser más operativa”, ha apuntado.

Una vez confirmado que el Consorcio es “operativamente sostenible” e instauradas y aprobadas por el consejo rector las mejoras operativas y validado el plan estratégico y la orientación a la que se dirigen -la intersección entre espacio público, náutica e innovación-, “ahora era el momento de hablar de la deuda”, según Marrades.


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