La exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón a su salida de a la ciudad de la justicia en una imagen de archivo. EFE/Archivo

El juez del caso Imelsa deniega la peritación de las grabaciones a Alcón.

La exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón a su salida de a la ciudad de la justicia en una imagen de archivo. EFE/Archivo

(EFE).-El juez que instruye el caso Imelsa ha denegado la peritación de las grabaciones efectuadas por la Guardia Civil a la exconcejala del PP de València María José Alcón que habían solicitado varias de las defensas personadas en una de las piezas del caso, la primera, por blanqueo y delito electoral.

El pasado mes de noviembre se celebró en Instrucción 18 una prueba pericial promovida por las citadas defensas para el análisis de la grabación de una conversación telefónica que consta en el sumario en la que la exedil -esposa del exvicealcalde Alfonso Grau- supuestamente confesaba a su hijo el método por el cual el PP de València blanqueó dinero.

El perito se presentó en el juzgado bajo el nombre de Luis Enrique Hellín Moro, si bien se sospecha que realmente es el exconvicto Emilio Hellín Moro, condenado a 43 años por el asesinato en Madrid de la joven Yolanda González, y para tratar de averiguar su identidad real el fiscal solicitó al juez que reclamase sus antecedentes y edad de nacimiento, solicitud que el juez denegó por no considerarla relevante.

La pericial no se pudo concluir por las reticencias de algunas partes al uso de ordenadores privados para el análisis de la grabación, por temor a que ésta pudiera ser grabada -el total, de más de 40 minutos, incluye partes que han sido apartadas de la causa a petición de la defensa de Alcón- o manipulada.

Tras este incidente, algunas de las defensas habían solicitado nuevamente la realización de dicha pericial porque, según detalla el juez en un auto «parece ser que dudan de la legalidad o corrección de la actuaci.ón policial, aunque no lo hayan expresado».

Al respecto, el instructor subraya que «los requisitos técnicos sobre la autenticidad e integridad de las conversaciones grabadas, que se encuentran alojadas en el servidor SITEL, están completamente acreditadas conforme a lo informado en su día por la Guardia Civil».

«La única circunstancia excepcional en este caso es que el instructor ha decidido limitar su acceso al contenido íntegro grabado -no a la defensa de Alcón, sino al resto de las partes- por razones de protección a su derecho a la intimidad», añade el juez.

Asimismo, recuerda que los letrados que han querido oír íntegramente esa grabación lo han podido hacer y que «la propia defensa de Alcón no ha puesto ninguna objeción a la autenticidad de la conversación, salvo en aquello que hace referencia al estado mental y anímico de su defendida».

«De no ser por esto, no habría inconveniente en que todas las partes pudieran haber obtenido una copia del disco remitido por la UCO para desentrañar lo que quisieran sobre su contenido y sus metadatos, sobre los que parecen tener tanto interés», ha remarcado el instructor.

En este sentido, apunta a que el análisis pericial que se acordó el pasado mes de noviembre tenía esa finalidad, con el límite de la preservación del contenido de la grabación.

«Las partes pudieron comprobar que la copia remitida por la UCO tiene su firma digital, que es requisito de autenticidad e integridad», según el juez, quien ha ofrecido la posibilidad a las partes de que conozcan más acerca de los metadatos de dicha grabación, siempre que el acceso al disco se lleve a cabo con los medios del juzgado.

Tampoco se opone el juez a la obtención de una nueva copia de la grabación, aunque esta posibilidad únicamente se la brinda a la defensa de Alcón.

En definitiva, el juez insiste en que no existe sospecha sobre la actuación de los agentes que realizaron la grabación ni de oficio ni expresada por ninguna de las partes, por lo que, en caso de que se quiera sostener lo contrario se debe motivar claramente.

Si el método empleado para realizar la grabación o el registro en sí mismo se convirtiese en objeto de investigación, el juez advierte que será él quien nombre a un perito que garantice la imparcialidad.

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