La patronal del juego alerta de la inseguridad jurídica que crea la nueva ley que se tramita Un hombre sostiene un teléfono donde se ve el logo de una compañía de apuestas. EFE/Archivo

La patronal del juego alerta de la inseguridad jurídica que crea la nueva ley que se tramita

La patronal del juego privado, CEJUEGO, ha asegurado que la Ley del Juego que se tramita en Les Corts crea inseguridad jurídica respecto a las distancias entre salones y casas de apuestas y a centros escolares y endurece las condiciones en algunos aspectos, pero únicamente para los operadores privados.

Para CEJUEGO algunas cuestiones del proyecto de ley y determinadas enmiendas presentadas son «incongruentes» y solo estarían vigentes en la Comunitat Valenciana como la inactivación de las máquinas recreativas o el plazo para adaptarlas con un dispositivo de activación, de tres meses, un periodo en el que no es posible técnicamente realizar esa actuación.

Esta medida supondría «acabar» con ese segmento del juego, por el que la Comunitat ingresa 66 millones de euros en tasas, según han indicado este lunes representantes de la patronal, que también han lamentado que no se haya tenido en cuenta al sector del juego privado ni a la hostelería en la elaboración de la Ley del Juego.

Según los datos ofrecidos en rueda de prensa, la facturación de la Comunitat ha caído en 228 millones de euros, al pasar de 863 millones en 2007 a 638, de los que el 51 % corresponde a las máquinas instaladas en locales de hostelería, el 16 % a salones, el 15 % a bingos, el 10 % a las apuestas y el 7 % a casinos.

En la región hay 373 casas de apuestas y salones y 3.200 puntos de apuesta -la mitad de lo que permite la ley-, y aunque los salones de juego han registrado un crecimiento de la facturación, este no ha compensado la caída del resto de segmentos.

En el caso de las máquinas de apuestas en locales de hostelería, si prosperan algunas enmiendas no se permitiría su renovación una vez concluido el periodo de vigencia de la autorización, lo que supondría una pérdida de 13 millones por ingresos tributarios y de puestos de trabajo.

La distancia regulada en el decreto aprobado por la Administración en 700 metros entre salones y casas de apuestas y 150 metros a centros escolares se amplía en la ley a 1.000 y 250 metros lo que para la patronal crea inseguridad jurídica.

Además, se prescinde de la autorización para terminales en establecimientos públicos para la ONCE y Loterías del Estado, pero no para otros juegos, lo que supondría una discriminación, según el director general de CEJUEGO, Alejandro Landaluce.

Sobre las apuestas deportivas, denuncian que la tributación pasa del 10 al 20 %, una fiscalidad que no tiene ninguna comunidad, ya que las más altas están en el 11 % en Baleares y el 12 % en Castilla y León.

Preguntados por la protección de menores, han asegurado que están por la tolerancia cero en el juego de menores y consideran que las acciones que funcionan actualmente son eficaces ya que no se tiene constancia de que ninguno de los expedientes iniciados sea por acceso de menores.

Han defendido que se regule el control de acceso en función de las características de cada establecimiento sin que conlleve un incremento en los costes estructurales que derive en la inviabilidad de los locales, y han considerado que podrían adoptarse medidas de sanción para el menor como existen en País Vasco.

Según el director de Relaciones Institucionales de Orenes, Pedro García, solo el 0,3 % de la población adulta que juega con asiduidad desarrolla alguna patología asociada al juego, y ha señalado que los 137 millones que aporta en impuestos el sector del juego privado a la Generalitat podrían contribuir al tratamiento de esos problemas.

Respecto a las ubicaciones de los salones de apuestas, siguen los mismos criterios que los locales de ocio, el flujo de gente que transita por la zona y la renta que puede soportar, según han afirmado.

El sector del juego representa el 2,54 % del PIB regional y cuenta con 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos, relacionados principalmente con la hostelería. EFE

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